Debido a que la minería permite generar ingresos, bajo los ojos fiscales de España esta es una actividad económica y, por tanto, está sujeta al pago de impuestos al Estado, tal como cualquier otra empresa o compañía en territorio español.
En España no existe legislación alguna para regular al ecosistema de Bitcoin. Más allá de la vigilancia a la publicidad sobre el mercado y el registro del Banco Central de ese país; no hay un marco jurídico que incluya a las criptomonedas.
Aunque pareciera que esto genera un vacío legal a la hora de minar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que opere con el mecanismo de consenso de Prueba de Trabajo (PoW, en inglés), la verdad es que, al pagar impuestos, la minería se vuelve automáticamente una actividad legal.
FUENTE: CRIPTONOTICIAS
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