En aras de reforzar la seguridad nacional, las autoridades de los Estados Unidos deberían conocer más acerca de la tecnología de bitcoin (BTC) y su ecosistema. Y, en lugar de vigilarla, podrían utilizarla para mitigar riesgos comúnmente acuñados a las criptomonedas.

Así lo sostiene el Instituto de Políticas de Bitcoin (BPI, en inglés), una organización estadounidense no partidista y sin fines de lucro, dedicada al estudio y la investigación de las implicaciones políticas y sociales de la primera criptomoneda y el resto del mercado.

Esta institución emitió un documento donde expone a BTC como un «activo estratégico para la seguridad nacional».

El artículo, disponible en el sitio web de BPI, responde a la consulta pública convocada en septiembre pasado por el Departamento del Tesoro estadounidense, con el objetivo de conocer más sobre «los riesgos inherentes a las criptomonedas».

Como lo señaló el organismo gubernamental en su momento, dicha consulta (culminada este 3 de noviembre de 2022) se organizó siguiendo la Orden Ejecutiva emitida en marzo pasado por el presidente Joe Biden, pidiendo informes para decidir cómo regular a Bitcoin.

Con la solicitud de comentarios este Departamento tiene como objetivo monitorear el ecosistema de Bitcoin buscando opiniones e información del público acerca de «las acciones que el gobierno de los EE. UU. y el Departamento del Tesoro deberían tomar para mitigar los riesgos de este ecosistema emergente».

Cinco principios bitcoiners

En la respuesta del BPI, divulgado este jueves 3 de noviembre, la institución habla de cinco principios estratégicos que, a su juicio, deberían ser tomados en cuenta por las autoridades estadounidenses.

Uno de esos principios tiene que ver con la necesidad de una «evaluación neta equilibrada» de las implicaciones de Bitcoin y su ecosistema. Algo que permitiría que Estados Unidos «aproveche al máximo estas tecnologías» de cara a su seguridad nacional, mientras que al mismo tiempo «mitiga los riesgos», de acuerdo con la organización.

Otro principio se relaciona con el diseño de las políticas no enfocadas en un riesgo en particular, sin antes considerar todos los intereses estratégicos que pueden ser favorables. 

También proponen  evitar tomar decisiones «prematuras y de mano dura» que sobrecarguen los intereses de seguridad nacional «a expensas de la innovación abierta y el liderazgo tecnológico».

El BPI también establece como principio a seguir por los organismos gubernamentales, el reconocer la descentralización de los activos digitales como bitcoin, que son monedas que «no tienen un líder, ni un órgano de gobierno».

Por último, los investigadores sugieren que las políticas fiscales y otras normativas contables transfronterizas «faciliten que las entidades estadounidenses reciban bitcoin como inversión y como pago por exportaciones».

«Los sistemas persona-a-persona (peer-to-peer) como bitcoin representan la esencia de la autonomía, la cooperación voluntaria y los valores liberales sobre los que se construyó nuestro país», dice el BPI, que clama porque los gobernantes tengan una «visión estratégica» de la naturaleza de las criptomonedas y trabajen «para alentar su florecimiento» en EE. UU. y todo el mundo. 

Bitcoin es tema de seguridad nacional, pero para su vigilancia

La propuesta del BPI, de que bitcoin y su ecosistema sean vistos como piezas claves para la seguridad nacional, ya está en la práctica a nivel gubernamental en Estados Unidos. Pero no para aprovechar su tecnología, sino para vigilarla.

Como lo reportó CriptoNoticias hace un par de años, Bitcoin y el resto del mercado son objeto de supervisión e investigación por parte de instituciones que están adscritas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otros organismos gubernamentales.

Entre las instituciones destaca la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el FBI, la DEA, el Ejército y el Servicio Secreto. Se supo que algunas de ellas contrataron a empresas como Chainalysis, Elliptic y CipherTrace, para indagar más a fondo en el ecosistema de Bitcoin.

FUENTE: CRIPTONOTICIAS