Aprobada a fines de julio, la Ley CHIPS prevé un total de 52,000 millones de dólares para relanzar la producción de semiconductores, en particular gracias a la creación de centros de producción en varios estados estadounidenses.
Estados Unidos comenzó a aplicar este martes la ley CHIPS para ponerse a la cabeza en la producción de semiconductores pero las empresas nacionales o extranjeras subvencionadas no podrán invertir en China o Rusia.
El objetivo de Washington es volver a tener un lugar preponderante en esa estratégica industria, principalmente concentrada en Asia, sobre todo en China, donde se fabrica para empresas taiwanesas y coreanas.
Para ganar terreno Estados Unidos propone ayudas astronómicas: casi 40,000 millones de dólares para «construir, expandir y modernizar» las herramientas industriales necesarias, informó el Departamento de Comercio en un comunicado.
«Es fundamentalmente una iniciativa a favor de nuestra seguridad nacional», insistió la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en rueda de prensa telefónica.
Según Raimondo el objetivo es garantizar que Estados Unidos sea el único país donde se ubiquen todas las empresas capaces de producir chips de última generación a gran escala.
Pero la ley condiciona las ayudas gubernamentales a numerosos criterios. Por ejemplo si reciben subvenciones no podrán realizar durante diez años nuevas inversiones en alta tecnología en «países que preocupan».
Entre ellos destacan China, principal socio comercial de muchos países latinoamericanos, pero también Rusia, Corea del Norte e Irán.
Si estas empresas «no responden a nuestras expectativas en materia de seguridad nacional, no apoyaremos sus proyectos», insistió Raimondo. «Tendrán que respetar las normas de control de exportaciones».
Estas reglas afectan actualmente a varias empresas chinas, incluido el gigante de las telecomunicaciones Huawei.
Estados Unidos controla estrictamente las exportaciones de semiconductores a Pekín y en algunos casos las prohíbe.
El plan no solo tiene como objetivo convertir a Estados Unidos en un bastión en la producción de semiconductores, sino que también quiere que los trabajadores de esas compañías se beneficien.
Entre las medidas impuestas a las empresas que quieran acogerse a las ayudas, la ley prevé que paguen impuestos por potenciales superbeneficios, que formen a los empleados y creen guarderías.
«Necesitamos aumentar la mano de obra en este sector» y la falta de guarderías impide que muchas personas puedan trabajar en él, explicó Raimondo.
Aprobada a fines de julio, la Ley CHIPS prevé un total de 52,000 millones de dólares para relanzar la producción de semiconductores, en particular gracias a la creación de centros de producción en varios estados estadounidenses.
Varios grupos como los estadounidenses Micron, AMD y Nvidia han anunciado inversiones sustanciales en este campo. El número uno mundial, el taiwanés TSMC construirá una fábrica en Arizona, por una inversión total de 40,000 millones de dólares.
FUENTE: EL ECONOMISTA
