Ahora más que nunca es evidente que los gobiernos ya no dejarán en paz la tecnología.
Europa ordenó cargadores estándar de teléfono para los aparatos electrónicos portátiles y Texas aprobó una ley contenciosa para restringir la vigilancia que realizan las empresas de redes sociales sobre el discurso en línea. Las empresas tecnológicas pueden contar con que habrá más cambios similares mientras los guardias del gobierno intervengan en la manera que hacen negocios y cómo usamos sus productos.
Lo más probable es que eso implique que las nuevas tecnologías como los vehículos autónomos y los sistemas de reconocimiento facial tarden más de lo que podrían en propagarse por el mundo. Para muchos defensores de la tecnología, más debates y vigilancia ralentizarán los inventos. Para otros, ese es precisamente el asunto.
Es fácil abrumarse con toda la regulación gubernamental que se ha intentado implementar (o directamente desobedecerla). Tan solo en las últimas semanas, los periodistas han escrito sobre proyectos pendientes de ley en el Congreso que involucran la privacidad de los datos y las políticas antimonopolios en el sector tecnológico, sobre el uso de una clasificación para los choferes de empresas como Uber, sobre varios países que han creado normas para determinar cómo se pueden o no se pueden mover los datos por el mundo, sobre los Países Bajos que obligaron a Apple a corregir las opciones de pago para las aplicaciones de citas y sobre dos leyes estatales relacionadas con el discurso en redes sociales.
Todo lo anterior es el resultado de una reflexión que sigue evolucionando en torno a un enfoque hacia la tecnología que había sido relativamente no intervencionista desde la década de 1990. Salvo algunas excepciones, la actitud predominante era que las nuevas tecnologías del internet, entre ellas la publicidad digital, el comercio electrónico, las redes sociales y la economía bajo demanda, eran demasiado innovadoras, alternativas y útiles para los gobiernos como para restringirlas con muchas reglas.
Como ocurrió con la televisión y la radio cuando esos medios eran nuevos, muchas empresas tecnológicas promovieron una regulación laxa bajo el argumento de que estaban produciendo un cambio para bien, que los funcionarios electos eran demasiado lentos e incapaces como para supervisarlas de manera eficaz y que la intervención del gobierno iba a arruinar el progreso.
Tan solo un ejemplo: hace una década, Facebook dijo que las reglas estadounidenses que les exigen a la televisión y la radio a divulgar a los responsables de pagar por los anuncios relacionados con las elecciones no debían aplicarse a esa empresa. La Comisión de Elecciones Federales “no debería entrometerse en el camino de la innovación”, comentó un abogado de Facebook en aquel entonces.
Esas advertencias de los anuncios no siempre son eficaces, pero, después de que unos propagandistas con respaldo de Rusia difundieron anuncios y publicaciones gratuitas en redes sociales para exacerbar las divisiones políticas de Estados Unidos en 2016, Facebook comenzó a ofrecer de forma voluntaria una mayor transparencia sobre los anuncios políticos.
Es probable que unas mejores leyes o advertencias para los anuncios no habrían evitado que actores extranjeros hostiles abusaran de Facebook para librar guerras de información en Estados Unidos u otros países. Sin embargo, lo más probable es que la sabiduría convencional no intervencionista haya contribuido a una idea de que a la gente a cargo del sector tecnológico debía dejársele en paz para que hiciera lo que quisiera.
Esto dificultó la intervención de los gobiernos una vez que quedó claro que se estaba abusando de las redes sociales para dañar la democracia, que las tecnologías no probadas de asistencia a los conductores podían ser peligrosas y que los estadounidenses no teníamos ningún control sobre el acaparamiento de nuestra información digital.
“Nos dimos cuenta de que dimos rienda suelta a esas fuerzas poderosas y no creamos salvaguardas apropiadas”, comentó Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, una agrupación defensora del consumidor sin fines de lucro. “Simplemente, pudimos haber dicho desde el principio que toda la tecnología debe ser regulada de una manera sensata”.
Ahora, los reguladores se están sintiendo empoderados. Los legisladores han intervenido para crear reglas a fin de que las agencias de seguridad hagan uso de la tecnología de reconocimiento facial. Habrá más leyes como las de Texas para quitarle el poder al puñado de ejecutivos del sector tecnológico que establecieron reglas de libertad de expresión para miles de millones de personas. Más países obligarán a Apple y Google a rehacer la economía de las aplicaciones. Más regulaciones ya están cambiando la manera en que los niños usan la tecnología.
De nuevo, no todo esto será una buena intervención gubernamental. Sin embargo, hay más indicios de que la gente que crea tecnologías también quiere más supervisión de los gobiernos… o al menos habla de dientes para afuera que sí la quiere. Todo el debate en torno a la tecnología emergente —incluidos las criptomonedas y el software de ilustración de inteligencia artificial Dall-E— por lo regular incluye una deliberación sobre los daños potenciales y cómo la regulación podría minimizarlos.
Eso no quiere decir que la gente esté de acuerdo con el aspecto de la vigilancia del gobierno. No obstante, la respuesta casi nunca es la ausencia total de la intervención gubernamental. Y eso es distinto.
Fuente:
Shira Ovide | The New York Times
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