La Comisión Europea sopesa propuestas que contribuyan a garantizar el suministro energético al bloque comunitario a las puertas del invierno. Prometió esta misma semana la comisaria de Energía, Kadri Simson, un nuevo paquete que el Ejecutivo comunitario presentará el próximo martes para atajar esta cuestión. E incluirá entre las medidas la reducción del consumo de gas.
En este marco, Bruselas baraja declarar el estado de ‘alerta en la Unión», lo que transformaría la reducción del 15% del consumo de gas en los Estados miembro de voluntaria a obligatoria.
Han sido más de una o dos las veces que Simson ha incidido en la necesidad de establecer objetivos de recorte de consumo adicionales a ese 15% voluntario acordado a finales de julio, especialmente, si se establece un límite al precio de las importaciones de gas a la UE, ante el riesgo de asistir a un alza en la demanda.
De hecho, tras la reunión del Consejo de ministros de Energía de la UE en Praga del miércoles, la comisaria estonia dejó entrever que una de las posibles medidas para recortar del consumo de gas sería declarar el estado de ‘alerta en la Unión’, lo que convertiría en obligatorio el objetivo de los países de recortar un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023, respecto al promedio de consumo de los cinco últimos años. Si bien el texto final contempla múltiples excepciones para varios Estados miembro, entre ellos España.
Así Simson estableció que podría haber «una situación de emergencia» que requiera «establecer medidas» de reducción obligatoria de la demanda para todos los Estados miembros, si bien matizó que no ha llegado el momento en el que se hiciera necesario aplicar «el nivel de emergencia europeo».
Alerta del regulador europeo
La Agencia para la Cooperación de los Reguladores Europeos (ACER) pidió ayer a los Estados miembro que revisen los mecanismos de capacidad en el mercado de la electricidad por el riesgo que los mismos pueden llegar a suponer para el proceso de descarbonización. Según las estimaciones de este organismo, el coste total se ha incrementado de forma notable desde 2021 en el que estos pagos ascendieron a 4.700 millones hasta los 6.800 millones (un 44,6% más) que se espera que alcancen en 2023.
La inversión pública necesaria para mitigar el impacto de la actual crisis energética pone en contexto el nivel de las subvenciones proporcionadas a través de estos mecanismos.
FUENTE: ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
