La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de España propuso enmiendas a la ley del mercado de valores.
Hechos clave:
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Las enmiendas suponen una leve reducción de las multas a los infractores naturales.
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Los exchanges que infrinjan la ley podrían ser objeto de sanciones y suspensiones.
La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de España modificó la Ley del Mercado de Valores de ese país para introducir enmiendas, las cuales contemplan más control sobre el ecosistema de bitcoin (BTC) y la posibilidad de suspender las operaciones de empresas relacionadas a las criptomonedas si infringen la normativa.
Las enmiendas fueron propuestas por parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece el presidente de ese país, Pedro Sánchez. Con ellas, pretenden ampliar la protección a los inversionistas y usuarios de servicios ligados a los criptoactivos, tal como dijeron fuentes de esa organización política al medio Europa Press.
En ese sentido, si una compañía que ofrece servicios de criptomonedas en España incurre en una «infracción muy grave» que esté enmarcada en la nueva ley de mercados de valores, es probable que sus operaciones sean suspendidas, tal como lo establecen las enmiendas propuestas por el PSOE.
Igualmente, pueden ser objeto de multas por infringir la ley. Si son personas físicas las que violan el reglamento, la penitencia sería de 700 mil euros, como mínimo. Si son compañías, la multa podría ser de hasta el 12,5% de todo el volumen de comercio total de esa entidad.
Hay que acotar que las enmiendas suponen una leve reducción de las multas a los infractores naturales. Antes de estas propuestas, las personas físicas podrían ser sancionadas con hasta 1 millón de euros. El caso no es el mismo con las empresas. Según las enmiendas, la multa subió del 10% del volumen total, al ya mencionado 12,5%.
En España las empresas que ofrecen servicios relacionados a las criptomonedas, como exchanges o wallets, deben registrarse ante el Banco Central de España. Hasta ahora hay unas 40 compañías que operan en el país ibérico, pero sin la autorización o supervisión de ese ente monetario.
Estas empresas locales deben regirse por la Ley Antifraude, la cual les obliga a brindar información a las autoridades españolas, poniéndolas en desventaja frente a sus pares internacionales.
FUENTE: CRIPTONOTICIAS
