Al disolver hoy el Congreso para gobernar mediante Decretos Ley, instaurar el toque de queda, convocar elecciones para un “nuevo Congreso con facultades constituyentes” y reorganizar el sistema judicial –incluido el Tribunal Constitucional– el presidente del Perú, Pedro Castillo se jugó hoy sus últimas cartas para aferrarse al poder.
El juego le pasó factura en cuestión de dos horas: el Congreso en pleno lo destituyó: de los 130 legisladores, 101 votaron a favor de la vacancia, diez en contra y seis se abstuvieron. Para ser aprobada, la vacancia requería 87 votos.
Castillo será sustituido, temporalmente, por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien fue citada por el Congreso para ser juramentada como jefa de Estado.
La juramentación de la mandataria encargada ocurrió cuando el ya destituido Jefe de Estado había sido detenido por la Policía, tras abandonar el Palacio presidencial, con su familia, presuntamente para buscar protección en la Embajada de México.
El rechazo de Estados Unidos
La Embajada de los Estados Unidos había rechazado “categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso” cumpliera con su mandato”.
“Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”.
No lo salvó la tregua política planteada por la OEA
En Washington perdía interés, por tardía, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre el Informe del Grupo de Alto Nivel liderado por el excanciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien había exhortado a una “tregua política” entre el Gobierno y los sectores políticos y sociales que demandaban la destitución de Castillo.
La OEA “no ha entendido nada” sobre lo que pasa en el Perú porque “se conversa y se transa cuando hay varias opciones, una gama alternativa, un cruce de caminos”, ha declarado a La República, el periodista César Hildebrandt.
Antes de la sesión de la OEA, el representante del gobierno peruano, Harold Forsyth, renunciaba a su cargo. “No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos”, dijo.
Las razones de Castillo
Castillo se dirigió al país antes de la sesión del Congreso convocada en la que tramitaría hoy la moción de vacancia, es decir, su destitución. Castillo había sobrevivido a dos mociones de vacancia, motivadas por su presunta “incapacidad moral permanente para gobernar”.
Castillo había reiterado ayer que los promotores de su destitución solo buscaban “dinamitar la democracia”, desconocer la voluntad popular de quienes lo eligieron y retornar al poder que les fue negado en las urnas.
Castillo tenía previsto instaurar el toque de queda a las 22 horas de hoy miércoles y hasta las cuatro de la madrugada del jueves.
Para Castillo, la decisión de establecer un gobierno de excepción respondía a la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y la democracia. El Congreso, dijo, “ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval (…) de su Tribunal Constitucional” –este último, organismo al que pretendía reorganizar ahora–.
La vacancia en la Constitución
La Constitución peruana faculta al Presidente de la República para disolver el Congreso “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. También le faculta para convocar elecciones para un nuevo Congreso, sin alterar el sistema electoral preexistente.
La Carta prohibe disolver el Congreso en el último año del mandato presidencial y establece que en caso de disolución “se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”. Y además precisa que “no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
Escalada de renuncias y sesión en el Congreso
El Congreso desafió la decisión Castillo sesionando antes de la hora prevista, para darle trámite a la moción de vacancia. En el entretanto, por redes sociales, se conocían renuncias en el Gabinete y de otros dignatarios del Estado. Versiones periodísticas aseguraban que Castillo y su familia buscaban protección en la Embajada de México.
Kurt Burneo, Ministro de Economía y Finanzas, renunciaba irrevocablemente porque el Presidente había “vulnerado el Estado de Derecho”
En el mismo sentido se pronunciaba Alejandro Salas, a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo, por “coherencia” con sus principios y respeto a la democracia.
Félix Chero Medina, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se declaraba “respetuoso de la institucionalidad democrática” ante “el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional”.
A la cadena de renuncias se sumaba el Ministro de Relaciones Exteriores, Cesar Landa, en “estricto apego” a sus convicciones y valores democráticos y constitucionales”. Landa dijo que con el cierre del Congreso el Presidente estaba “violando la Constitución”.
En medio de la tensión, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales –órgano judicial que Castillo pretendía reformar– exhortaba a las Fuerzas Armadas a “restablecer el orden constitucional” porque, según él, se había dado “un golpe de Estado al más puro estilo del siglo XX”.
Fuerzas Armadas y Policía leales a la Constitución
El Comandante General del Ejército Walter Córdoba renunciaba por “motivos estrictamente personales”, después de trece meses de ejercicio en el cargo.
Según la influyente periodista peruana, Rosa María Palacio, el oficial fue obligado a renunciar al mandato que debía prolongarse dos años más. En el diario La República se dijo que, de esa manera, Castillo despejaba el camino para nombrar un comandante general “a su conveniencia”. El diario no menciono posibles sucesores.
Después de hacerse pública la carta de renuncia del Comandante del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía desacataron la decisión de Castillo por considerarla un “acto contrario al orden constitucional”. El expresidente Ollanta Humana había dicho que las Fuerzas Armadas le debían “honor y lealtad a la Patria y no a un dictador”.
En un comunicado conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reconocieron “respetuosas del orden constitucional” establecido en el Artículo 134, según el cual, el Presidente está facultado para disolver el Congreso “sí éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros” –situación que no ha ocurrido en medio de la larga crisis institucional–.
Y para que no hubiese dudas sobre su postura frente a Castillo, el comunicado fue enfático en señalar que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el NO acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
El comunicado concluía con la invocación a “la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”.
Castillo, atrapado e investigado
El Ministerio Público (Fiscalía) informó que la Junta de Fiscales Supremos, el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, condenaba el quebrantamiento del orden constitucional y adoptaría las medidas legales correspondientes.
“La Constitución política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana” en la que “ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución”.
El Ministerio Público reivindicó su condición de órgano autónomo con “el mandato de perseguir el delito y de adoptar las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional”.
FUENTE: RADIO NACIONAL
